Comisión Nacional por la Nulidad de la ley de caducidad

1986 - 22 de diciembre - 2006.

A 20 AÑOS DE LA INSTALACIÓN DE LA IMPUNIDAD EN

EL URUGUAY.

El pasado 21 de noviembre, un conjunto de ciudadanos llamó a la creación de la Coordinadora Nacional por la nulidad de la ley de caducidad.

Desde aquel 22 de diciembre de 1986, el Poder Ejecutivo de los gobiernos anteriores se pararon ante la puerta de los Tribunales, impidiendo que el reclamo del derecho a la justicia contra los crímenes de la dictadura, se hiciera efectivo.

Los cambios que instalaron en el país los ciudadanos, el pasado octubre de 2004, hicieron posible lo único que puede hacer un gobierno sin violentar el derecho interno vigente: permitir que a partir de una aplicación no arbitraria ni antojadiza de la ley de caducidad, que los ciudadanos pudieran presentarse ante el poder judicial reclamando justicia.

Sin embargo ese avance sustancial que se produjo en relación a los juzgamientos de las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura cívico-militar, no garantiza la vigencia del precepto democrático fundamental de que todos deben ser iguales ante la ley.

Algunos de los responsables de los asesinatos de Michelini, Gutierrez Ruiz, Barredo y Withelau, pudieron ser enjuiciados, pero los responsables del asesinato de Hugo de los Santos, no.

Algunos de los responsables de la desaparición de Adalberto Soba, pudieron ser enjuiciados, pero los responsables de la desaparición de Gerardo Gatti y otros desaparecidos en Argentina, no.

Algún coautor de la desaparición de Elena Quinteros pudo ser enjuiciado, pero los autores materiales del secuestro, no.

Pese a que el Poder Ejecutivo actual, no protege la impunidad instalada en los tribunales por esta aberrante ley, los ciudadanos que acuden a los juzgados no tienen la seguridad jurídica de que sus derechos sean atendidos, esta triste y lamentable realidad para los familiares de víctimas y para la sociedad en su conjunto, es la que sufrió el caso de María Claudia García del Gelman.

El mantenimiento en nuestro marco jurídico, de una norma como la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, no solo expone al país ante la comunidad internacional, también obliga al gobierno actual a sujetarse a esa ley y trasladar esa desigualdad jurídica a las victimas.

No es este el modelo de convivencia social que las generaciones actuales reclaman, exigimos la plena vigencia de los derechos humanos, sin miedos, sin impunidad y sin obstáculos para juzgar a quienes amparados en el poder de la dictadura, cometieron las más crueles violaciones de los derechos humanos.

A 20 años de instaurada la impunidad, llamamos a los ciudadanos a adherir el llamamiento de la creación de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la ley de caducidad y a incorporarse a las actividades que conduzcan a ese fin.

Es por eso que el 22 de diciembre se instalaran mesas en todo el país, para que el pueblo se sume a la misma.

COMISIÓN NACIONAL POR LA NULIDAD DE LA LEY DE CADUCIUDAD.

Enviado por Sara Mendez y Raúl Olivera