Gabriel Castellá y Adriana Xalambrí. / FOTO: FERNANDO MORÁN400 EX PRESOS POLÍTICOS COBRAN PENSIÓN POR LA LEY REPARATORIA, PERO MÁS DE 3.500 SOLICITUDES AGUARDAN RESPUESTA
En la oficina donde funciona la comisión que se encarga de tramitar las solicitudes de reparación de ex detenidos políticos, los formularios y expedientes ya no encuentran lugar en los armarios. La organización de ex presos políticos Crysol organiza hoy una movilización a las 11 horas ante el Ministerio de Trabajo, pidiendo que se aceleren los trámites. Las autoridades comentan que la ansiedad es comprensible, pero resaltan que en dos meses ya se han aprobado 400 solicitudes. Afirman que se están tramitando más recursos y que hay problemas que tienen que ver con el propio texto de la ley.
La ley Nº 18.033, que dispone la recuperación de los derechos jubilatorios y pensionarios para las personas que estuvieron presas por motivos políticos o que fueron perseguidas o exiliadas durante la última dictadura cívico-militar, fue aprobada el 13 de octubre del año pasado. El 6 de diciembre comenzó a funcionar la comisión encargada de tramitar y aprobar las solicitudes, integrada por un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), uno del Ministerio de Economía y Finanzas, uno del Banco de Previsión Social, uno del PIT-CNT y otro de Crysol.
Hasta el momento han recibido cerca de 4.000 solicitudes: 400 de ellas ya fueron aprobadas (300 en Montevideo y 100 en el interior) y esas personas están cobrando la pensión o han mejorado su jubilación. Se aprueban aproximadamente 80 solicitudes por semana pero se reciben 60 por día. Ya están llegando las primeras de personas que residen en el exterior, a través de consulados o embajadas.
Crysol reclama hoy frente al MTSS porque entiende que deben acelerarse los trámites, ya que muchos de los aspirantes son personas mayores, con enfermedades terminales o que viven en la extrema pobreza. No obstante, la organización reconoce la buena disposición de los funcionarios que actúan y durante la movilización les entregarán una nota de agradecimiento.
Gastón Grisoni, integrante de Crysol, indicó a la diaria que hay muy pocos recursos humanos y de infraestructura para los trámites. Faltan espacio y computadoras. Crysol aspira a que se logren unas mil aprobaciones por mes.
Lento pero seguro
La diaria dialogó sobre el tema con el director general del MTSS, Gabriel Castellá, y con la presidenta de la Comisión Especial para la aplicación de la ley en representación del mismo Ministerio, Adriana Xalambrí.
“Comprendo el reclamo porque los conozco: hay gente que está en la indigencia, que no pudo trabajar, que siempre estuvo perseguida, hasta en el período democrático, porque como salía de la cárcel no tenía una preparación adecuada; no tenían para hacer changas ni para meterse en el hospital si estaban enfermos. Y hubo gente que fue falleciendo, muchísima gente. Yo entiendo: se demoró mucho, 20 años, y ahora los tiempos corren con el problema de la edad, el desespero por no haber tenido trabajo durante muchos años...”, manifestó Castellá.
Las autoridades admiten que puede haber carencias en recursos humanos e infraestructura, pero destacan que se ha trabajado mucho, que hay 400 personas que ya están cobrando y que se trata de reducir la burocracia al mínimo, pero añaden que se debe entender que no se trata de “venir un día con el formulario y al otro día ir a la ventanilla a cobrar”.
“Hay que discutir caso por caso, qué se hace, qué criterio se aplica, y eso tiene que constar en actas. Además, recién ahora tenemos bien diseñado el procedimiento administrativo, un protocolo de actuación. Porque una cosa es lo que uno planifica y otra lo que se encuentra en los hechos. Quizás algún recurso más pueda ayudar...”, apuntó Xalambrí.
“Estamos incorporando funcionarios poco a poco y pensamos en la ampliación del local. Además, hubo todo un proceso de interpretación de la ley... No fue fácil que se pusieran de acuerdo los abogados”, indicó Castellá.
Se entiende que mudarse ahora sería “una locura” por la cantidad de expedientes en trámite. Actualmente trabajan en la comisión cuatro funcionarios administrativos del MTSS y dos pasantes del BPS.
A Castellá no lo convence la posibilidad de trabajo voluntario. “Es muy interesante el ofrecimiento, pero esto es un organismo público, hay responsabilidades. No es fácil decidir esos temas”, alegó.
Carencias de la norma
En octubre, la Comisión deberá presentar un informe de su actuación al Parlamento y aprovechará para plantear una serie de carencias que han encontrado para aplicar la ley aprobada.
Por ejemplo, debe establecerse qué hacer en los casos de uruguayos presos en Argentina por la coordinación represiva del Plan Cóndor (en la que indudablemente tuvo responsabilidad el Estado uruguayo). También surge la posibilidad de una reparación a los niños nacidos en la cárcel, que obviamente no figuran como procesados.
Al mismo tiempo, es preciso establecer ámbitos de coordinación con las cajas “paraestatales”, sobre todo la Profesional y la Bancaria, porque hasta ahora sólo integra la Comisión el BPS.
“La idea es presentar el informe y señalar los casos que nos parece que quedaron fuera de la ley, porque no se pensaron o vaya a saber por qué, para ver cómo se tapan los agujeros. El Parlamento dirá lo que tenga que decir y aplicaremos lo que el Parlamento diga”, sostuvo Xalambrí.
Los que llegan
La mayoría de las solicitudes son de hombres, y en general de personas de más de 60 años. En materia socioeconómica hay situaciones diversas: hay gente que está en actividad con sueldos medios y jubilados con ingresos altos, pero la gran mayoría percibe jubilaciones muy bajas. “Ya llevamos aprobados varios casos que vivían con el ingreso ciudadano del Plan de Emergencia. Y gente que no trabajó en nada, a lo sumo alguna changa, y que no sabemos realmente cómo vive”, indicó Xalambrí.
“La gente cuando se presenta no solamente llena el formulario. Muchos cuentan su historia. Tienen necesidad de ser escuchados. Sobre todo la gente muy mayor. Hay un montón de historias de vida y muchísimos años de acumular todo eso, y tienen necesidad de largarlo”, explicó.
Cuando llamamos para avisar que un expediente está pronto, la gran mayoría de los beneficiarios se pone a llorar en el teléfono y no para de decir “gracias”. Una señora del interior estaba fascinada porque había cobrado por primera vez, y nos dijo: “Che, ¿no se podrá conseguir dentro de unos meses otro pago igual a éste?”. Cuando le dijeron que iba a cobrar todos los meses “no cabía en sí, no lo podía creer”, relató la presidenta de la Comisión.
Natalia Uval
Quién puede pedir qué
La ley ampara a las personas que durante la última dictadura estuvieron exiliadas (si regresaron al país antes de marzo de 1995), detenidas o en la clandestinidad, o que fueron despedidas de la actividad privada en ese período. No abarca a quienes ya fueron beneficiadas por otras leyes reparatorias.
Los aspirantes pueden pedir una pensión reparatoria de 12 mil pesos (si perciben actualmente menos de 22 mil) y la reconstrucción jubilatoria (que se computen los años de prisión, exilio o clandestinidad), lo que eventualmente puede mejorar la prestación.
Se cobra con retroactividad desde octubre, mes en que se promulgó la ley. Para presentarse y obtener la pensión no hay plazos, pero para lograr la reconstrucción jubilatoria hay que presentarse hasta el 3 de julio.
Las personas que no viven en Montevideo pueden comparecer en cualquiera de las 42 oficinas que suma el MTSS en todos los departamentos del interior.
Fuente: La Diaria
La ley Nº 18.033, que dispone la recuperación de los derechos jubilatorios y pensionarios para las personas que estuvieron presas por motivos políticos o que fueron perseguidas o exiliadas durante la última dictadura cívico-militar, fue aprobada el 13 de octubre del año pasado. El 6 de diciembre comenzó a funcionar la comisión encargada de tramitar y aprobar las solicitudes, integrada por un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), uno del Ministerio de Economía y Finanzas, uno del Banco de Previsión Social, uno del PIT-CNT y otro de Crysol.
Hasta el momento han recibido cerca de 4.000 solicitudes: 400 de ellas ya fueron aprobadas (300 en Montevideo y 100 en el interior) y esas personas están cobrando la pensión o han mejorado su jubilación. Se aprueban aproximadamente 80 solicitudes por semana pero se reciben 60 por día. Ya están llegando las primeras de personas que residen en el exterior, a través de consulados o embajadas.
Crysol reclama hoy frente al MTSS porque entiende que deben acelerarse los trámites, ya que muchos de los aspirantes son personas mayores, con enfermedades terminales o que viven en la extrema pobreza. No obstante, la organización reconoce la buena disposición de los funcionarios que actúan y durante la movilización les entregarán una nota de agradecimiento.
Gastón Grisoni, integrante de Crysol, indicó a la diaria que hay muy pocos recursos humanos y de infraestructura para los trámites. Faltan espacio y computadoras. Crysol aspira a que se logren unas mil aprobaciones por mes.
Lento pero seguro
La diaria dialogó sobre el tema con el director general del MTSS, Gabriel Castellá, y con la presidenta de la Comisión Especial para la aplicación de la ley en representación del mismo Ministerio, Adriana Xalambrí.
“Comprendo el reclamo porque los conozco: hay gente que está en la indigencia, que no pudo trabajar, que siempre estuvo perseguida, hasta en el período democrático, porque como salía de la cárcel no tenía una preparación adecuada; no tenían para hacer changas ni para meterse en el hospital si estaban enfermos. Y hubo gente que fue falleciendo, muchísima gente. Yo entiendo: se demoró mucho, 20 años, y ahora los tiempos corren con el problema de la edad, el desespero por no haber tenido trabajo durante muchos años...”, manifestó Castellá.
Las autoridades admiten que puede haber carencias en recursos humanos e infraestructura, pero destacan que se ha trabajado mucho, que hay 400 personas que ya están cobrando y que se trata de reducir la burocracia al mínimo, pero añaden que se debe entender que no se trata de “venir un día con el formulario y al otro día ir a la ventanilla a cobrar”.
“Hay que discutir caso por caso, qué se hace, qué criterio se aplica, y eso tiene que constar en actas. Además, recién ahora tenemos bien diseñado el procedimiento administrativo, un protocolo de actuación. Porque una cosa es lo que uno planifica y otra lo que se encuentra en los hechos. Quizás algún recurso más pueda ayudar...”, apuntó Xalambrí.
“Estamos incorporando funcionarios poco a poco y pensamos en la ampliación del local. Además, hubo todo un proceso de interpretación de la ley... No fue fácil que se pusieran de acuerdo los abogados”, indicó Castellá.
Se entiende que mudarse ahora sería “una locura” por la cantidad de expedientes en trámite. Actualmente trabajan en la comisión cuatro funcionarios administrativos del MTSS y dos pasantes del BPS.
A Castellá no lo convence la posibilidad de trabajo voluntario. “Es muy interesante el ofrecimiento, pero esto es un organismo público, hay responsabilidades. No es fácil decidir esos temas”, alegó.
Carencias de la norma
En octubre, la Comisión deberá presentar un informe de su actuación al Parlamento y aprovechará para plantear una serie de carencias que han encontrado para aplicar la ley aprobada.
Por ejemplo, debe establecerse qué hacer en los casos de uruguayos presos en Argentina por la coordinación represiva del Plan Cóndor (en la que indudablemente tuvo responsabilidad el Estado uruguayo). También surge la posibilidad de una reparación a los niños nacidos en la cárcel, que obviamente no figuran como procesados.
Al mismo tiempo, es preciso establecer ámbitos de coordinación con las cajas “paraestatales”, sobre todo la Profesional y la Bancaria, porque hasta ahora sólo integra la Comisión el BPS.
“La idea es presentar el informe y señalar los casos que nos parece que quedaron fuera de la ley, porque no se pensaron o vaya a saber por qué, para ver cómo se tapan los agujeros. El Parlamento dirá lo que tenga que decir y aplicaremos lo que el Parlamento diga”, sostuvo Xalambrí.
Los que llegan
La mayoría de las solicitudes son de hombres, y en general de personas de más de 60 años. En materia socioeconómica hay situaciones diversas: hay gente que está en actividad con sueldos medios y jubilados con ingresos altos, pero la gran mayoría percibe jubilaciones muy bajas. “Ya llevamos aprobados varios casos que vivían con el ingreso ciudadano del Plan de Emergencia. Y gente que no trabajó en nada, a lo sumo alguna changa, y que no sabemos realmente cómo vive”, indicó Xalambrí.
“La gente cuando se presenta no solamente llena el formulario. Muchos cuentan su historia. Tienen necesidad de ser escuchados. Sobre todo la gente muy mayor. Hay un montón de historias de vida y muchísimos años de acumular todo eso, y tienen necesidad de largarlo”, explicó.
Cuando llamamos para avisar que un expediente está pronto, la gran mayoría de los beneficiarios se pone a llorar en el teléfono y no para de decir “gracias”. Una señora del interior estaba fascinada porque había cobrado por primera vez, y nos dijo: “Che, ¿no se podrá conseguir dentro de unos meses otro pago igual a éste?”. Cuando le dijeron que iba a cobrar todos los meses “no cabía en sí, no lo podía creer”, relató la presidenta de la Comisión.
Natalia Uval
Quién puede pedir qué
La ley ampara a las personas que durante la última dictadura estuvieron exiliadas (si regresaron al país antes de marzo de 1995), detenidas o en la clandestinidad, o que fueron despedidas de la actividad privada en ese período. No abarca a quienes ya fueron beneficiadas por otras leyes reparatorias.
Los aspirantes pueden pedir una pensión reparatoria de 12 mil pesos (si perciben actualmente menos de 22 mil) y la reconstrucción jubilatoria (que se computen los años de prisión, exilio o clandestinidad), lo que eventualmente puede mejorar la prestación.
Se cobra con retroactividad desde octubre, mes en que se promulgó la ley. Para presentarse y obtener la pensión no hay plazos, pero para lograr la reconstrucción jubilatoria hay que presentarse hasta el 3 de julio.
Las personas que no viven en Montevideo pueden comparecer en cualquiera de las 42 oficinas que suma el MTSS en todos los departamentos del interior.
Fuente: La Diaria
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